La comunicación de inventarios es una obligación fiscal destinada a garantizar que la Autoridad Tributaria (AT) disponga de información precisa y detallada sobre las cantidades de bienes en stock al final de cada ejercicio fiscal. Esta medida tiene como objetivo principal asegurar la transparencia en la evaluación de los costos de los bienes vendidos y consumidos, así como en la determinación del resultado financiero final del ejercicio de las entidades sujetas a impuestos.

Mediante esta obligación, la AT puede supervisar de manera más rigurosa los valores reportados por las empresas, lo cual es esencial para determinar los beneficios sujetos a tributación, contribuyendo así a una mayor equidad y justicia fiscal.

¿Quién está obligado a comunicar los inventarios?
La comunicación de inventarios es obligatoria para:

Personas físicas o jurídicas con sede, establecimiento permanente o residencia fiscal en territorio portugués;
Empresas con contabilidad organizada, independientemente de su volumen de negocio o sector de actividad.
Requisitos de la comunicación
Desde la actualización de la legislación, la presentación de un inventario valorizado se ha vuelto obligatoria. Esto significa que, además de especificar las cantidades de cada artículo en stock, las entidades deben indicar el valor de adquisición de cada uno, excluyendo el IVA. Esta valorización se aplica a todos los elementos del inventario, incluidos productos terminados, materias primas, mercancías y otros bienes relevantes para las operaciones de la empresa.

Plazos e implicaciones
El inventario correspondiente al final de 2024 debe presentarse a principios de 2025, dentro de los plazos establecidos por la AT. El incumplimiento de esta obligación puede conllevar sanciones significativas, destacando la necesidad de un seguimiento riguroso y de buenas prácticas contables por parte de las empresas.

Con esta medida, la AT busca aumentar la eficiencia del sistema tributario, promoviendo una mayor transparencia y precisión en los informes financieros y fiscales de las empresas que operan en territorio nacional.