La digitalización de la economía lo ha cambiado prácticamente todo. Ha transformado nuestra forma de comprar, de invertir y de prestar servicios. Hoy en día, una empresa puede operar en decenas de países sin siquiera abrir una oficina física. Basta con una plataforma en línea. Basta con un servidor. A veces, basta con una aplicación.

El problema es que los sistemas tributarios siguen anclados en una lógica anticuada. Fueron diseñados para fábricas, almacenes y tiendas físicas. Para una economía que dependía de la presencia geográfica. No para un mundo digital y global.

A menudo, el debate se centra en una pregunta simple: ¿cómo gravar a las empresas digitales?

Pero quizás la pregunta más importante sea otra:

¿Cómo lograr que la economía sea lo suficientemente competitiva como para atraer a estas empresas?

Gran parte del debate público insiste en la idea de que las grandes plataformas tecnológicas pagan pocos impuestos en los países donde operan. En muchos casos, esto es cierto. Consiguen estructurar su actividad en múltiples jurisdicciones y terminan pagando impuestos donde el marco fiscal les resulta más favorable.

La reacción política suele ser inmediata: creación de nuevas normas, nuevos impuestos, nuevos mecanismos de recaudación.

Pero este enfoque plantea un dilema.

En un mundo digital, el capital y los servicios se mueven con facilidad. Las empresas eligen dónde invertir. Eligen dónde establecerse. Eligen dónde declarar parte de su actividad. Si un país se vuelve excesivamente oneroso desde el punto de vista fiscal o burocrático, el resultado puede ser simple: la inversión se va a otra parte.

Por lo tanto, quizás el verdadero debate no sea solo fiscal.

Es económico.

Y estratégico.

Portugal se enfrenta al mismo reto que muchos países europeos. Se busca garantizar la equidad fiscal. Se busca recaudar ingresos. Pero, al mismo tiempo, se necesita crear un entorno atractivo para las empresas tecnológicas, las startups y las plataformas digitales.

Si el enfoque se centra únicamente en aumentar la tributación, existe el riesgo de ahuyentar la innovación y la inversión.

Otro punto relevante está relacionado con la propia estructura de la economía. Las pequeñas y medianas empresas portuguesas siguen soportando una parte significativa de la carga fiscal. Muchas operan únicamente en el mercado nacional. Carecen de estructuras internacionales. Carecen de capacidad para la planificación fiscal global.

Las grandes empresas digitales operan de forma diferente. Operan en redes. Distribuyen sus actividades en múltiples países. Utilizan estructuras jurídicas complejas.

El resultado es un sistema que parece desigual.

Pero la solución podría no residir únicamente en intentar gravar más a las multinacionales. Podría residir en reducir los obstáculos y aumentar la competitividad para todos.

La economía digital también ha traído consigo nuevos desafíos, como los criptoactivos y los modelos de negocio basados ​​en datos. Portugal ya ha comenzado a crear normas para gravar algunos de estos activos. Aun así, el mercado evoluciona mucho más rápido que la legislación.

La regulación es necesaria.

Pero el exceso de regulación puede frenar la innovación.

Quizás sería útil cambiar el punto de partida del debate.

En lugar de simplemente preguntarnos «cómo gravar más la economía digital», quizás deberíamos preguntarnos:

– ¿Cómo convertir a Portugal en un centro competitivo para las empresas tecnológicas?

– ¿Cómo simplificar el sistema tributario?

– ¿Cómo fomentar la inversión, el talento y la innovación?

En un mundo sin fronteras digitales, los países compiten entre sí. Compiten por empresas. Compiten por talento. Compiten por inversión.

La tributación es solo una parte de la ecuación.

Una economía sólida no se construye únicamente mediante la recaudación de impuestos. Se construye a través de la productividad, la innovación y la competitividad empresarial.

Y en este campo, aún queda mucho trabajo por hacer.