El Gobierno confirmó que el subsidio de comida de la Función Pública será actualizado ya en 2026, adelantando en un año la revisión inicialmente prevista. La propuesta mantiene el aumento de 0,10 euros, lo que sitúa el valor diario en 6,10 euros. A pesar de ello, algunos sindicatos afirman que el importe aún no está totalmente definido y siguen presionando por una actualización más significativa.

Según la información avanzada al final de la cuarta ronda de negociación, la propuesta final solo se conocerá en la próxima reunión. El Ministerio de Finanzas ya confirmó que entonces presentará una nueva versión de la actualización del subsidio de comida para 2026. Hasta el momento, también se mantiene la propuesta de actualización salarial: 56,58 euros para remuneraciones de hasta unos 2.600 euros o un 2,15% para salarios superiores.

Los sindicatos de la Función Pública reaccionaron con frustración ante la ausencia de avances sustanciales. La Fesap subrayó que la propuesta de 10 céntimos es insuficiente, calificando el aumento de simbólico frente al coste de vida actual. Para la estructura sindical, el valor propuesto no acompaña las necesidades reales de los trabajadores, defendiendo que el incremento debería ser más significativo para compensar el aumento generalizado de los precios.

El STE también reforzó que el importe aún puede ser revisado, aunque admite que cualquier incremento es positivo. No obstante, la organización considera que el aumento inicialmente propuesto no responde a las expectativas de los trabajadores y defiende que existe margen para ajustes durante el proceso de negociación. Por su parte, la Frente Común calificó el proceso como «una conversación» sin elementos de verdadera negociación, alertando de un posible aumento de la tensión social.

La actualización del subsidio de comida tendrá impacto fiscal, ya que el valor exento de IRPF también pasará a 6,10 euros en 2026, o 6,20 euros cuando se pague por transferencia bancaria. En el caso de pago mediante tarjeta de comida, el importe exento es un 70% superior, pasando a 10,37 euros el próximo año. Esta modificación representa un ajuste relevante para los trabajadores y las entidades empleadoras, que deberán considerar los nuevos límites en materia de IRPF y Seguridad Social.

Estas negociaciones se enmarcan en el acuerdo plurianual firmado en 2024, que prevé actualizaciones salariales hasta 2028 y una revisión de regímenes complementarios como el SIADAP, las dietas y el estatuto retributivo del personal directivo. Con los sindicatos valorando la adhesión a la huelga general convocada para diciembre, el Gobierno se enfrenta ahora al desafío de conciliar la sostenibilidad presupuestaria con medidas capaces de responder a las expectativas de los trabajadores de la Administración Pública.