Portugal necesita más viviendas. Este es un consenso prácticamente universal. Pero para que la oferta aumente, se necesita inversión. Y la inversión requiere normas claras, predecibles y estables.

Lamentablemente, esto no siempre es así. En los últimos años, se ha fomentado la rehabilitación urbana mediante la aplicación de un tipo reducido del IVA del 6% a ciertos proyectos. La medida tenía sentido. Permitió la recuperación de edificios deteriorados, la revitalización de centros históricos y la viabilidad económica de proyectos que, de otro modo, nunca habrían prosperado.

El problema surgió posteriormente.

En varios casos, la Hacienda Pública ha cuestionado la aplicación de este tipo reducido. Y cuando lo hace, las consecuencias pueden ser graves: proyectos que se facturaban con un tipo del 6% de ICMS (IVA estatal) ahora pueden tributar al 23%. La diferencia es enorme.

Aún más preocupante es el momento en que se aplican estas correcciones. En algunos casos, aparecen años después de la finalización de las obras, cuando las propiedades ya se han vendido y los proyectos han cerrado financieramente. Esto genera un riesgo difícil de gestionar.

La construcción y el desarrollo inmobiliario son actividades con márgenes relativamente reducidos y ciclos de inversión largos. Cuando las normas fiscales dejan de ser predecibles, el impacto no es solo contable, sino también económico.

Los inversores se vuelven más cautelosos. Los proyectos dejan de avanzar. El verdadero problema no es el tipo impositivo en sí, sino la incertidumbre fiscal.

Cuando una empresa toma decisiones de inversión, lo hace basándose en la legislación vigente. Si, años después, la interpretación de dicha legislación cambia, el riesgo deja de ser empresarial y se convierte en institucional.

Y esto es especialmente grave. En un Estado de derecho, las normas deben ser claras y estables. La administración tributaria debe aplicar la ley, no reinterpretarla retroactivamente para crear nuevas obligaciones tributarias imprevisibles en el momento de la decisión económica.

La facultad del Servicio de Impuestos Internos (IRS) es, naturalmente, importante para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pero esta facultad también necesita límites. Cuando las acciones de las autoridades fiscales generan inestabilidad en los mercados, el impacto puede superar con creces la recaudación. Puede frenar la inversión, reducir la oferta de vivienda y, paradójicamente, incluso disminuir la recaudación fiscal a largo plazo.

Portugal se enfrenta hoy a un enorme reto en materia de vivienda. Resolver este problema requiere la colaboración entre los sectores público y privado.

Pero esta colaboración solo funciona si hay confianza. Sin previsibilidad fiscal, la inversión se reduce. Y cuando la inversión desaparece, también desaparece la capacidad de aumentar la oferta de vivienda.

Por lo tanto, quizás sea el momento de reequilibrar la relación entre el Estado y los contribuyentes. Combatir la evasión fiscal es necesario. Pero garantizar la seguridad jurídica es igualmente esencial.

Un sistema tributario sólido no se limita a recaudar impuestos. Es uno en el que las normas son claras y respetadas por todos, incluido el propio Estado.