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Subsisio de comida del Estado será actualizado ya en 2026

Subsisio de comida del Estado será actualizado ya en 2026

El Gobierno confirmó que el subsidio de comida de la Función Pública será actualizado ya en 2026, adelantando en un año la revisión inicialmente prevista. La propuesta mantiene el aumento de 0,10 euros, lo que sitúa el valor diario en 6,10 euros. A pesar de ello, algunos sindicatos afirman que el importe aún no está totalmente definido y siguen presionando por una actualización más significativa.

Según la información avanzada al final de la cuarta ronda de negociación, la propuesta final solo se conocerá en la próxima reunión. El Ministerio de Finanzas ya confirmó que entonces presentará una nueva versión de la actualización del subsidio de comida para 2026. Hasta el momento, también se mantiene la propuesta de actualización salarial: 56,58 euros para remuneraciones de hasta unos 2.600 euros o un 2,15% para salarios superiores.

Los sindicatos de la Función Pública reaccionaron con frustración ante la ausencia de avances sustanciales. La Fesap subrayó que la propuesta de 10 céntimos es insuficiente, calificando el aumento de simbólico frente al coste de vida actual. Para la estructura sindical, el valor propuesto no acompaña las necesidades reales de los trabajadores, defendiendo que el incremento debería ser más significativo para compensar el aumento generalizado de los precios.

El STE también reforzó que el importe aún puede ser revisado, aunque admite que cualquier incremento es positivo. No obstante, la organización considera que el aumento inicialmente propuesto no responde a las expectativas de los trabajadores y defiende que existe margen para ajustes durante el proceso de negociación. Por su parte, la Frente Común calificó el proceso como «una conversación» sin elementos de verdadera negociación, alertando de un posible aumento de la tensión social.

La actualización del subsidio de comida tendrá impacto fiscal, ya que el valor exento de IRPF también pasará a 6,10 euros en 2026, o 6,20 euros cuando se pague por transferencia bancaria. En el caso de pago mediante tarjeta de comida, el importe exento es un 70% superior, pasando a 10,37 euros el próximo año. Esta modificación representa un ajuste relevante para los trabajadores y las entidades empleadoras, que deberán considerar los nuevos límites en materia de IRPF y Seguridad Social.

Estas negociaciones se enmarcan en el acuerdo plurianual firmado en 2024, que prevé actualizaciones salariales hasta 2028 y una revisión de regímenes complementarios como el SIADAP, las dietas y el estatuto retributivo del personal directivo. Con los sindicatos valorando la adhesión a la huelga general convocada para diciembre, el Gobierno se enfrenta ahora al desafío de conciliar la sostenibilidad presupuestaria con medidas capaces de responder a las expectativas de los trabajadores de la Administración Pública.

 

Autofacturación: el acuerdo escrito es obligatorio según el Código del IVA

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Las empresas que emiten facturas en nombre de sus proveedores deben garantizar la existencia de un acuerdo previo y por escrito, una exigencia legal expresada en el artículo 36.º del Código del IVA y en la Orden n.º 363/2010.

La autofacturación (o self-billing) es el procedimiento mediante el cual el adquirente de los bienes o servicios emite la factura en nombre y por cuenta del proveedor. Este régimen es útil en situaciones en las que el proveedor no dispone de medios propios de facturación, o cuando el comprador centraliza el proceso administrativo.

Sin embargo, esta práctica solo es válida si cumple requisitos legales muy específicos, en particular la existencia de un acuerdo escrito entre las partes.

La obligatoriedad del acuerdo escrito está expresamente prevista en el artículo 36.º, n.º 11 del Código del IVA (CIVA):
– “Cuando la factura sea emitida por el adquirente de los bienes o servicios en nombre y por cuenta del proveedor, debe existir un acuerdo previo y escrito entre las partes, que defina las operaciones a las que se aplica este procedimiento y que establezca la obligación del proveedor de aceptar las facturas emitidas en su nombre.” (CIVA – artículo 36.º, n.º 11)

Además, la Orden n.º 363/2010, de 23 de junio, que regula los requisitos técnicos de la facturación electrónica y de la autofacturación, refuerza la misma exigencia:
– “Cuando el adquirente de los bienes o servicios emita las facturas en nombre y por cuenta del proveedor, debe existir un acuerdo previo y escrito entre ambos, en el cual se identifiquen las partes y las condiciones en que se adopta el procedimiento.” (Orden n.º 363/2010, artículo 4.º)

Requisitos del acuerdo de autofacturación
Según la Autoridad Tributaria y Aduanera (AT), el acuerdo de autofacturación debe contener, como mínimo:

  1. Identificación completa del adquirente y del proveedor (nombre, NIF, dirección).
  2. Mención expresa de que las facturas serán emitidas por el adquirente en nombre y por cuenta del proveedor.
  3. Descripción de las operaciones incluidas (tipo de bienes o servicios).
  4. Aceptación expresa de las facturas por parte del proveedor.
  5. Período de vigencia y condiciones de revocación del acuerdo.
  6. Firmas de ambas partes.

Según la Circular n.º 30136/2012 de la DSIVA, el acuerdo también debe ser comunicado a la Autoridad Tributaria a través del portal e-factura y mantenerse archivado durante 10 años.

Consecuencias del incumplimiento
La ausencia de un acuerdo escrito válido puede provocar que las facturas emitidas por el adquirente no sean reconocidas fiscalmente, pudiendo:
– Rechazarse la deducción del IVA indicado en ellas;
– Considerarse facturación irregular, con riesgo de sanciones previstas en el Régimen General de Infracciones Tributarias (RGIT).

La autofacturación es una herramienta legítima y eficiente, pero solo produce efectos fiscales válidos si está respaldada por un acuerdo escrito previo y formalmente comunicado a la AT.
Las empresas y los profesionales deben garantizar que este documento cumple todos los requisitos legales, asegurando la transparencia y la validez fiscal de sus operaciones.

ZTLM – Su socia en el cumplimiento fiscal y la eficiencia administrativa.

El INE fija la actualización de los alquileres para 2026 en un 2,24%

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El coeficiente de 1,0224 refleja un aumento moderado acorde con la inflación, equilibrando los intereses de propietarios e inquilinos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha anunciado que el coeficiente de actualización de los alquileres para 2026 será de 1,0224, lo que corresponde a un aumento del 2,24%. Este valor, calculado a partir de la variación media del índice de precios al consumidor (sin vivienda) de los últimos 12 meses, establece el límite máximo de actualización de los alquileres de viviendas y locales comerciales para el próximo año.

La decisión representa un incremento moderado en comparación con años anteriores, reflejando la estabilización de la inflación en Portugal. Para los inquilinos, supone un aumento contenido en los gastos de vivienda, tras periodos de fuerte presión sobre los presupuestos familiares. Para los propietarios, la actualización garantiza el mantenimiento del valor real de los alquileres, en un contexto de costes crecientes de mantenimiento y de impuestos sobre la propiedad.

El coeficiente será publicado en el Diario de la República, entrando en vigor a partir de enero de 2026. Los expertos consideran que esta actualización está en línea con la tendencia de moderación económica y podría contribuir a una mayor previsibilidad en el mercado de alquiler. No obstante, advierten que el equilibrio entre la protección de los arrendatarios y el incentivo a la inversión inmobiliaria seguirá siendo uno de los principales desafíos de la política de vivienda en Portugal.

 

El Valor Invisible: Por Qué los Activos Intangibles Son el Nuevo Oro de la Economía Digital

El Valor Invisible: Por Qué los Activos Intangibles Son el Nuevo Oro de la Economía Digital

En una economía cada vez más digital y basada en el conocimiento, ya no son el acero, el petróleo ni el hormigón los que definen la fortaleza de una empresa – es su capital intelectual. Las ideas, la creatividad, los algoritmos, las marcas y las patentes se han convertido en las nuevas materias primas del siglo XXI. Sin embargo, a pesar de ser los motores silenciosos del crecimiento económico, siguen siendo subestimados, mal contabilizados y, con frecuencia, mal comprendidos.

Los recursos intangibles -todo aquello que no se puede tocar pero tiene valor- representan hoy la columna vertebral de las empresas más exitosas del mundo. Basta observar a gigantes como Apple, Google o Tesla: lo que realmente las distingue no son las fábricas ni la maquinaria, sino el conocimiento protegido, la innovación registrada, la marca consolidada y el capital humano altamente especializado. Lo que muestran los balances financieros es solo una sombra de su verdadero valor.

La propiedad industrial como activo estratégico
Dentro de este universo de intangibles, los activos de propiedad industrial (patentes, marcas, diseños, modelos, secretos comerciales) son especialmente relevantes porque transforman la creatividad en derechos exclusivos -y, por consiguiente, en poder económico-. Una patente protege una invención tecnológica y otorga a su titular el monopolio temporal de su explotación; una marca distingue productos y servicios en un mercado saturado; un diseño industrial confiere identidad estética y valor emocional.

Sin embargo, en muchas empresas -especialmente en las pymes- estos activos se consideran algo burocrático o secundario. Se invierte en maquinaria, pero no en registrar la innovación que dicha maquinaria produce. Se crea una marca sólida, pero no se protege el nombre ni el logotipo. Se desarrolla tecnología, pero no se documenta su carácter innovador. El resultado es previsible: ideas robadas, marcas copiadas y valor destruido antes incluso de ser reconocido.

La subvaloración que debilita a las empresas
La subestimación de los activos intangibles es una de las mayores debilidades estructurales de la economía europea -y particularmente de la portuguesa-. Mientras que en Estados Unidos y en Asia la inversión en propiedad intelectual se considera una estrategia de defensa y expansión, en Portugal todavía se ve como un gasto administrativo.
La ironía es que, en un mundo globalizado, la ausencia de protección jurídica equivale a regalar la innovación a los competidores.

Las empresas portuguesas que exportan tecnología, diseño o productos diferenciados compiten a menudo en mercados donde los derechos de propiedad industrial son la moneda más valiosa. Una patente registrada puede marcar la diferencia entre ser comprado o ser copiado; una marca bien posicionada puede transformar un producto ordinario en un símbolo de confianza; una cartera sólida de propiedad intelectual puede ser el activo que atraiga inversores y abra las puertas al financiamiento.

De costo a inversión estratégica
La mentalidad debe cambiar: proteger no es gastar, es invertir. Y la inversión en propiedad industrial debe considerarse parte integrante de la gestión estratégica del conocimiento.
Hoy, quien domina el conocimiento domina el mercado. Y quien no protege el conocimiento que genera, financia involuntariamente el progreso ajeno.

Este cambio de paradigma también requiere un esfuerzo institucional. Es necesario que el Estado y las entidades de apoyo a la innovación simplifiquen los procesos, aclaren los costos y promuevan la formación sobre la importancia de estos activos. La alfabetización en propiedad intelectual sigue siendo muy baja en Portugal, tanto entre los directivos como entre los emprendedores y técnicos.
Por otro lado, las universidades y los centros de investigación deben ser alentados a transformar sus descubrimientos en patentes transferibles, y no solo en artículos científicos. Es preciso conectar el conocimiento con la economía real, y la propiedad industrial es el puente más directo para ello.

La economía de lo invisible
Vivimos en una era en la que el valor es cada vez más inmaterial. El software vale más que el hardware; el diseño vale más que el material; la marca vale más que el producto.
En este contexto, los activos de propiedad industrial son la base jurídica y económica del crecimiento sostenible. Permiten que la innovación se traduzca en valor tangible, que el riesgo de innovar sea recompensado y que el talento obtenga un retorno medible.

Ignorarlos es condenarse a la irrelevancia. Reconocerlos es abrir la puerta al futuro.

En resumen, en la economía del conocimiento, lo invisible es lo que más vale. Y el éxito de las empresas del futuro dependerá no solo de su capacidad para crear, sino también de su capacidad para proteger lo que crean -y de transformar ese conocimiento protegido en ventaja competitiva.

Porque, al fin y al cabo, la innovación solo tiene valor cuando se defiende.

El crédito hipotecario se estabiliza en agosto tras meses de subidas

Las familias portuguesas respiran aliviadas con la pausa en el aumento de las cuotas, aunque los valores siguen siendo históricamente elevados.

Después de varios meses consecutivos de incrementos, las cuotas del crédito hipotecario en Portugal se estabilizaron en agosto, siguiendo la decisión del BCE de mantener los tipos de interés. Esta pausa ha traído cierto alivio a las familias, que se enfrentaron a fuertes aumentos en los últimos dos años.

Según datos del Banco de Portugal, la media de las nuevas cuotas se mantuvo prácticamente inalterada respecto a julio, reflejando la estabilización de los tipos Euribor. Sin embargo, a pesar de la ausencia de nuevas subidas, los costes siguen siendo elevados y representan una parte significativa de la renta disponible de las familias.

Los expertos advierten de que la situación aún exige cautela. Aunque existe la perspectiva de bajadas de tipos en 2025, la sostenibilidad del crédito dependerá de la evolución de la economía y de la capacidad de mantener los niveles de empleo. Muchos hogares siguen bajo presión financiera, lo que requiere medidas de apoyo y un seguimiento cercano por parte de las autoridades.

Para las familias, la estabilización es una señal positiva y permite cierto margen de planificación a medio plazo. No obstante, el futuro del crédito hipotecario en Portugal seguirá dependiendo del equilibrio entre la política monetaria europea, la estabilidad del sector bancario y la resiliencia de la economía nacional.

Las empresas portuguesas refuerzan su apuesta por el ESG para atraer inversión

Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza ganan peso en la estrategia de las empresas nacionales, respondiendo a la presión de los mercados y los consumidores.

En los últimos meses, varias empresas portuguesas han intensificado la integración de políticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus estrategias. El objetivo no es solo cumplir con los requisitos normativos europeos, sino también reforzar su atractivo ante inversores internacionales cada vez más atentos a la sostenibilidad.

Según informes recientes, sectores como la energía, la banca y la industria manufacturera lideran este movimiento, implementando medidas que van desde la reducción de la huella de carbono hasta la adopción de prácticas de transparencia en la gestión. La presión de los consumidores, que valoran cada vez más a las empresas con mayor responsabilidad social y ambiental, también ha contribuido a acelerar esta tendencia.

Las instituciones financieras también han desempeñado un papel central al priorizar proyectos con criterios ESG en el acceso a la financiación. Así, las empresas que apuestan por la sostenibilidad logran condiciones más competitivas y refuerzan su credibilidad en el mercado.

Según los especialistas, la adopción de estos principios será determinante para el futuro de la economía portuguesa. Las empresas que se adapten más rápidamente estarán mejor posicionadas para competir a nivel global, captar inversión y responder a las exigencias de una sociedad que valora cada vez más las prácticas responsables.

El salario mínimo en Portugal sube a 965 euros en 2025

La medida forma parte del compromiso del Gobierno de reforzar los ingresos de las familias y acercar a Portugal a la media salarial europea.

El Gobierno anunció el aumento del salario mínimo nacional a 965 euros a partir de enero de 2025, cumpliendo el objetivo fijado en el acuerdo de rentas y competitividad. La medida pretende dar continuidad a la trayectoria de valorización salarial, iniciada hace varios años, y apoyar a las familias en un contexto de altos costes de vida.

Según el Ejecutivo, el aumento resulta de un diálogo concertado con los interlocutores sociales, buscando equilibrar las necesidades de las empresas con la urgencia de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Esta actualización tendrá un impacto directo en unas 800.000 personas, representando un refuerzo significativo de la renta disponible.

A pesar del carácter positivo de la medida, algunas asociaciones empresariales alertan sobre posibles dificultades de adaptación en sectores con menor productividad. Aun así, el Gobierno se compromete a apoyar a las empresas mediante incentivos a la competitividad y programas de capacitación.

Los expertos subrayan que el aumento del salario mínimo también tendrá efectos indirectos, impulsando el consumo interno y dinamizando la economía. Sin embargo, advierten que es fundamental seguir de cerca el impacto en el mercado laboral y garantizar que la valorización salarial avance de la mano de las mejoras en productividad.

El BCE mantiene los tipos de interés, pero admite recortes en 2025

La decisión del Banco Central Europeo refleja prudencia ante la evolución de la inflación, pero señala la posibilidad de reducir el coste del crédito el próximo año.

El Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener sin cambios los tipos de interés de referencia, optando por una postura cautelosa ante la evolución de la economía de la zona euro. A pesar de esta decisión, la institución dejó abierta la posibilidad de recortes en 2025, siempre que la inflación continúe convergiendo de forma sostenida hacia el objetivo del 2%.

Según la presidenta del BCE, Christine Lagarde, la prioridad sigue siendo garantizar la estabilidad de los precios. No obstante, se reconoció que las condiciones económicas actuales están presionando el consumo y la inversión, especialmente en países como Portugal, donde las familias y las empresas siguen soportando el peso de unos costes de financiación elevados.

El mantenimiento de los tipos implica que, por ahora, los créditos hipotecarios y al consumo continuarán siendo caros. Sin embargo, la perspectiva de futuras reducciones abre espacio para un mayor optimismo entre inversores y agentes económicos, que esperan un alivio gradual de la presión financiera.

Si los recortes se confirman en 2025, Portugal podría beneficiarse de una mayor dinamización de la economía interna, con efectos positivos sobre la inversión empresarial y el mercado inmobiliario. Aun así, los expertos subrayan que el ajuste deberá ser equilibrado para no comprometer los avances recientes en la lucha contra la inflación.

Fitch eleva la calificación de Portugal a “A” debido a su solidez fiscal

La agencia Fitch destaca los superávits primarios consistentes, la reducción de la deuda y un perfil de deuda centrado en tipos fijos como factores decisivos para mejorar la nota de crédito del país.

La agencia de calificación financiera Fitch anunció recientemente la mejora de la calificación crediticia de Portugal, que pasó de “A-” a “A”. Esta decisión refleja la creciente confianza en la capacidad del país para mantener una trayectoria fiscal sólida, incluso en un escenario de incertidumbre económica internacional. La agencia subrayó que la gestión coherente de las cuentas públicas y la reducción gradual de la deuda fueron factores determinantes para la revisión al alza del rating.

Según Fitch, el desempeño positivo se debe, en gran medida, a los sucesivos superávits primarios alcanzados por Portugal. Estos resultados demuestran un esfuerzo continuo en el control del gasto público y en la gestión responsable de las finanzas del Estado. Además, la estructura de la deuda presenta hoy un perfil más robusto, con plazos de vencimiento más largos y un mayor porcentaje de deuda emitida a tipos de interés fijos, lo que reduce la exposición a las fluctuaciones del mercado.

Otro elemento destacado fue la capacidad de Portugal para afrontar los retos planteados por la baja inflación y la desaceleración económica en Europa. Aunque el crecimiento del PIB pueda moderarse en los próximos años, Fitch considera que la disciplina presupuestaria y el compromiso con la estabilidad financiera seguirán siendo factores de resiliencia. La agencia observa además que el país se ha beneficiado de políticas eficaces de contención fiscal y de la correcta ejecución de fondos europeos, como el Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR).

Esta mejora en la calificación constituye una noticia positiva para la economía portuguesa, ya que mejora la percepción de riesgo entre los inversores internacionales. En la práctica, puede traducirse en menores costes de financiación para el Estado y para las empresas nacionales, reforzando la competitividad de la economía. La subida de la calificación también envía una señal de confianza a los mercados, mostrando que Portugal está en un camino sostenible de gestión de la deuda pública y de fortalecimiento de su posición financiera externa.

PRR con ejecución por debajo de las expectativas

El Consejo de Finanzas Públicas señaló que, si bien Portugal eliminó su desequilibrio fiscal en 2023 con un superávit del 1,2 % del PIB, la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) se mantiene por debajo de las expectativas, con tan solo el 61,8 % de los fondos asignados.
Del total, dos tercios se implementaron solo en 2023, lo que refleja un aumento tardío en la asignación de recursos, lo que limita su impacto en la inversión pública y el crecimiento económico.
Esta situación pone de relieve la urgencia de acelerar la ejecución del PRR para maximizar las inversiones previstas y contribuir a una recuperación económica sostenible.